- Retribuciones:
CCOO propone que los incrementos de las retribuciones sean del 2,1% con carácter general (incluyendo al personal técnico e investigador contratado por Proyectos, Predoctorales y Postdoctorales), obedeciendo dicha propuesta a igualar la previsión de inflación para el año 2017 con el objetivo de no perder poder adquisitivo.
Adicionalmente, y en el escenario que el sindicato viene exigiendo de recuperación progresiva del poder adquisitivo perdido, CCOO plantea para este ejercicio 2017 la recuperación de una tercera parte del recorte del 5% producido con el RDL 8/2010 del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
- Empleo:
Partiendo de la base del Acuerdo para la mejora del empleo público, y tal y como CCOO defendió en la negociación de dicho acuerdo, el sindicato plantea extender a todos los sectores el proceso de estabilización, incluidas las universidades, CSIC y los organismos de investigación.
Por otra parte propone que las tasas de reposición fijadas en el proyecto de ley se configuren como mínimos, de tal forma que las Administraciones, en uso de sus facultades y para el desarrollo de sus competencias, puedan superarlas cuando sus servicios públicos así lo hagan necesario y sus finanzas se lo permitan.
- Otras condiciones laborales:
CCOO reclama que las diferentes Administraciones puedan negociar libremente tanto la jornada laboral como los complementos por Incapacidad Temporal (IT), devolviendo la plena capacidad de la negociación colectiva.
Igualmente propone que se levante la suspensión que pesa sobre acuerdos, pactos o convenios por mandato de la ley “ante la excepcionalidad de la situación económica”. Si ha desaparecido la situación excepcional que motivó la suspensión, debe desaparecer también la misma.
- Enmiendas sectoriales:
CCOO también ha planteado algunas enmiendas específicas, como por ejemplo sobre Correos que garantice la financiación suficiente del Servicio Postal Universal, sobre incremento del presupuesto de inversión en I+D+i, sobre fondos para planes de igualdad en pymes o sobre el acceso gratuito a la justicia para el personal funcionario en condiciones de igualdad con el personal laboral, además de algunas de mero carácter técnico.
- Empleo:
Partiendo de la base del Acuerdo para la mejora del empleo público, y tal y como CCOO defendió en la negociación de dicho acuerdo, el sindicato plantea extender a todos los sectores el proceso de estabilización, incluidas las universidades, CSIC y los organismos de investigación.
Por otra parte propone que las tasas de reposición fijadas en el proyecto de ley se configuren como mínimos, de tal forma que las Administraciones, en uso de sus facultades y para el desarrollo de sus competencias, puedan superarlas cuando sus servicios públicos así lo hagan necesario y sus finanzas se lo permitan.
- Otras condiciones laborales:
CCOO reclama que las diferentes Administraciones puedan negociar libremente tanto la jornada laboral como los complementos por Incapacidad Temporal (IT), devolviendo la plena capacidad de la negociación colectiva.
Igualmente propone que se levante la suspensión que pesa sobre acuerdos, pactos o convenios por mandato de la ley “ante la excepcionalidad de la situación económica”. Si ha desaparecido la situación excepcional que motivó la suspensión, debe desaparecer también la misma.
- Enmiendas sectoriales:
CCOO también ha planteado algunas enmiendas específicas, como por ejemplo sobre Correos que garantice la financiación suficiente del Servicio Postal Universal, sobre incremento del presupuesto de inversión en I+D+i, sobre fondos para planes de igualdad en pymes o sobre el acceso gratuito a la justicia para el personal funcionario en condiciones de igualdad con el personal laboral, además de algunas de mero carácter técnico.
- En el caso de la I+D+i nuestras propuestas intentan evitar su desmantelamiento:
Todas las estadísticas oficiales (INE, Banco Mundial o UE) muestran que la media española de porcentaje del PIB dedicado a I+D se contrae, mientras la comunitaria ha crecido en los últimos años.
Los PGE 2017 desandan el camino. Se vuelve a reducir el gasto real en un 2,6%, bajando a los 2.604 M€, 70 M€ menos que en 2016. Sin embargo, se sigue insistiendo en que “la inversión realizada en los últimos años en la política de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) ha permitido aproximar los recursos públicos del sistema de I+D+i a la media comunitaria”, como se afirmaba en la presentación de estos PGE 2017. Como los hechos son tozudos, todas las estadísticas oficiales (INE, Banco Mundial o UE) muestran que la media española de porcentaje del PIB dedicado a I+D se contrae mientras la comunitaria ha crecido en los últimos años. El intento de enmascarar los presupuestos aumentando el capítulo 8 de créditos reembolsables en el 3,6% (135 M€), hasta representar el 60% del presupuesto total de 6.490 M€, es un recurso manido e inútil. La intervención del Estado ha confirmado que en 2015 se ejecutó solo la mitad de este capítulo y los resultados de 2016 son aún peores: el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) no logró gastar ni el 30% del capítulo 8 como resultado del cierre del gasto en julio para cumplir con el déficit. ¿Por qué se sigue insistiendo en negar la realidad y en acudir a un recurso en el cual nadie cree y que sólo sirve para desprestigiar a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y al sistema entero?
Hay cambios importantes en la gestión, ya que el MINECO suma la cartera de Industria y por tanto las competencias en I+D relacionadas, aumentando su participación en la Función 46 de Investigación, Desarrollo e Innovación hasta el 85% del total, con 5.485 M€. La otra novedad importante es la aparición de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) como gestora del Fondo Nacional de I+D+i, ahora convertido en Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico (Fondo ICDT), al agregarse el fondo Ciencia-Tecnología-Empresa, antes gestionado por Industria. Su presupuesto, 616 M€, de los cuales 597 M€ corresponden al Fondo ICDT, representan el 49% del capítulo 7, dedicado mayoritariamente a convocatorias competitivas. Además del Fondo CTE se han agregado los recursos de las convocatorias del INIA, pero no las del FIS, que siguen en el ISCIII. Por otra parte, la AEI asignará, mediante una encomienda de gestión, 1.661 M€ de capítulo 8, el 73% provenientes del fondo CTE y dedicados en un 65% a empresas privadas.
Tras el leve repunte en 2016, el presupuesto de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) vuelve a caer con fuerza, con una reducción del 3,3% (- 43 M€) que se suma a las caídas previas, que alcanzan el 15% respecto a 2010 y el 25% respecto a 2009. Pero el mayor problema de los OPIs es la pérdida de personal, con una reducción de más de 2.100 efectivos desde 2010, casi 1.700 solo en el CSIC. Esto sin contar la reducción de contratados temporales al finalizar sus contratos, desde Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, FPI/ FPU, además de obra y servicio y similares. Destaca la situación del INTA, obligado a cubrir una parte importante de los gastos de personal con cargo a las operaciones comerciales obtenidas de las actividades en los distintos programas y proyectos científicos y tecnológicos. Por otro lado, la CECIR no autoriza el pago de la productividad del personal laboral que participa conjuntamente con el personal funcionario, aunque esté incluida dicha partida en los PGE 2017, bloqueando las actividades relacionadas con la generación de las operaciones comerciales exigidas en los mismos PGE.
Este año tampoco se salvan los fondos para las empresas. El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) sufre un recorte adicional del 26% de sus recursos dedicados al apoyo al tejido empresarial innovador; en particular, desaparece el programa INVIERTE y se sigue reduciendo la dotación para participación de las empresas en el Plan Estatal. La caída de recursos de la agencia supera el 56% desde 2010, demostrando que el publicitado apoyo a los innovadores es un discurso vacío y un fraude más.
Como dato relevante, el Plan Estatal I+D+i 2018-2020 no se ha aprobado a pesar de concluir su discusión en noviembre de 2016, y las convocatorias 2017 tampoco tienen fecha fijada, lo cual lastra el arranque inicial de la Agencia Estatal de Investigación.
Abrimos nueva legislatura y el balance de los presupuestos de I+D del PP (2011-2017) es nefasto: menos dinero, reducción masiva de las plantillas de jóvenes investigadores y técnicos que desaparecen del sistema, plantillas envejecidas mientras los jóvenes emigran, tasas de reposición utilizadas como reclamo electoral, convocatorias aplazadas cuando no anuladas, reducción de contratos pre y posdoctorales, OPIs castigados, el CDTI desmantelado.
A pesar de las movilizaciones y de la convocatoria de la Marcha por la Ciencia del 22 de abril; a pesar del acuerdo de la mayoría de los partidos políticos en apoyar las mínimas reivindicaciones contempladas en el Pacto por la Ciencia de diciembre de 2013, que permitan salvar el sistema de ciencia y técnica, el Gobierno sigue sordo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario